El laberinto burocrático de las pensiones por incapacidad.

Los usuarios son empujados por el INSS a litigios, de forma que la decisión no recae sobre los políticos, evitando así convertir datos estadísticos y económicos en una herramienta de demagogia política. La denegación de incapacidad y reclamación previa con juicio al inss se convierte en habitual.

En el vasto entramado de la atención sanitaria en España, historias como la de Jorge López revelan las profundas grietas en un sistema que, en teoría, debería proteger y asistir a quienes más lo necesitan. «En 2008 me detectaron una protrusión discal secuestrada L5S1,» comenta Jorge López, un ciudadano que durante 17 años trabajó como autónomo en Aragón. La condición, aunque debilitante, no le impidió continuar con su ritmo laboral. Sin embargo, su estado de salud fue deteriorándose con el tiempo, llevando a Jorge a una baja prolongada. «Trabajé tres años más con medicación, pero finalmente mi salud me llevó a una baja de más de 500 días,» añade Jorge.

Cirugía lumbar negligente y secuelas de por vida con afecciones muy importantes en su calidad de vida. Durante este periodo, comenzó los trámites para obtener una incapacidad, con la esperanza de obtener el apoyo y descanso necesario para su recuperación. Pero aquí es donde su historia se torna especialmente angustiante, con un informe de síntesis erróneo y pobre.

Tanto el Ministerio de Seguridad Social como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) parecen tener una política sistemática de denegación. «Parece que deniegan el 85% de las incapacidades, empujando al usuario a juicios y abogados,» señala Jorge con evidente frustración. Esta estadística, alarmante y reveladora, subraya una problemática que está afectando a miles de españoles.El proceso burocrático no solo es engorroso, sino también desalentador para aquellos que ya se encuentran en una situación vulnerable. Los afectados se ven obligados a navegar por un laberinto legal y administrativo, en el que la transparencia y el apoyo al paciente brillan por su ausencia, sufriendo la denegación de incapacidad y reclamación previa con juicio al inss.

A la fecha, Jorge López se encuentra pendiente de un juicio en octubre de 2024 para la recalificación de su incapacidad de total a absoluta. «Es un litigio sobre el que dudo mucho ya que ninguno de los especialistas plasma la realidad de la salud y afecciones físico-psicológicas que realmente poseo,» afirma. Su incredulidad no es infundada. Según él, «en los despachos de los médicos y especialistas te comprenden pero luego hacen un informe y no plasman ni un 20% de la realidad».

Esto plantea interrogantes sobre la ética y precisión con la que se redactan los informes médicos que afectan directamente la vida de los pacientes. «Es urgente modificar estos procedimientos, necesitamos transparencia y apoyo al paciente,» urge Jorge. Su clamor no es solo por él, sino por todos aquellos que, como él, se encuentran atrapados en una maraña de papeleo y rechazo institucional.

La situación en Aragón no es exenta de estas críticas. Jorge menciona que el servicio de salud regional, Salud Aragón, también presenta serias deficiencias en cuanto a la gestión de reclamaciones. «El Salud Aragón es burocrático en cuanto a reclamaciones ante el Salud,» explica, subrayando la necesidad de reformas profundas y urgentes. En ocasiones, Jorge ha solicitado informes médicos vitales, y la falta de personal ha llevado a situaciones absurdas. «He recibido dos informes idénticos con seis meses de diferencia,» relata, ilustrando la ineficacia del sistema. Casos como el de Jorge López ponen de manifiesto la imperiosa necesidad de una revisión y reestructuración del sistema de seguridad social y sanidad en España. La salud y el bienestar de los ciudadanos deben ser la prioridad, garantizando que aquellos que más lo necesitan no se sientan desamparados ni ignorados.

En conclusión, la narrativa de Jorge y de tantos otros afectados debe servir como punto de partida para un debate nacional sobre la mejora de los procedimientos de incapacidad, la reducción de la burocracia y el establecimiento de un sistema más justo y transparente. La salud es un derecho, no un privilegio, y es deber de la sociedad y sus instituciones protegerlo y garantizarlo.